La junta Central Electoral y la democracía

Por ERICK BARINAS*

El autor es abogado. Reside en Santo Domingo. En el porvenir desearíamos que la JCE siempre fuese conformada sobre la base de criterios institucionales más depurados y que se designen en ella a ciudadanos apartidistas e independientes La Junta Central Electoral es una de las instituciones dominicanas que más escándalos, discordias, escarceos y traumas ha ocasionado al país en su historia democrática. Las crisis electorales de 1978, 1990 y 1994, constituyen ejemplos suficientes para ilustrar la manipulación y la falta de institucionalidad y credibilidad en que se ha sumido a ese organismo en diferentes procesos electorales por parte de los partidos políticos que controlan el Senado de la República. Luego de la crisis electoral de 1994, que casi deviene en una guerra civil, se escogió una Junta Central Electoral presidida por un hombre honorable, prestigioso, independiente e imparcial, el doctor César Estrela Sadhalá, la cuál organizó un proceso de dos vueltas electorales en el que no se produjo cuestionamientos de ninguna especie por parte de los aspirantes presidenciales. A pesar del encomiable trabajo realizado por el doctor César Estrella Sadhalá y los demás jueces que le acompañaron, posteriormente si ocurrieron designaciones en la JCE que  levantaron cuestionamientos y suspicacias por parte de los diferentes partidos. En el año de 1998, el PRD con su mayoría senatorial designó una Junta Central Electoral encabezada  por el doctor Manuel Ramón Morel Cerda, uno de los abogados de la defensa del expresidente Salvador Jorge Blanco y reconocido simpatizante del partido blanco, cuyo nombramiento fue objetado vehementemente por el PLD y el PRSC. No obstante el rechazo de dos de las tres principales fuerzas políticas, el doctor Morel Cerda fue impuesto nuevamente en el cargo en el año 2002 por la mayoría senatorial del PRD, lo cuál generó también un amplio rechazo, debiendo éste de renunciar del cargo en el 2003, previo a las elecciones presidenciales de 2004. Esas designaciones impuestas por el PRD en 1998 y 2002 que fueron tan impugnadas por los demás partidos, reiteraron la vieja práctica reformista de utilizar su mayoría en el senado para escoger jueces electorales de las propias filas de su partido y a personalidades afines a sus intereses partidarios. Justo es reconocer que esa práctica no prevaleció en el año 2006, cuando el congreso controlado por el PLD escogió como presidente de la JCE al doctor Julio César Castaños Guzmán y a otros jueces de reconocida independencia, solvencia moral y profesional como la doctora Aura Celeste Fernández.  En esa oportunidad se escogió una JCE equilibrada y compuesta por profesionales del derecho propuestos por los partidos mayoritarios y no hubo objeciones al proceso de selección ni a la transparencia en la organización de las elecciones de 2008 y 2010. Sin embargo, en el caso de la última designación de los integrantes de la JCE aconteció que el senado controlado por el PLD destituyó a Julio César Castaños Guzmán y Aura Celeste Fernández, y designó una JCE presidida por el doctor Roberto Rosario Márquez, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Independientemente de las condiciones profesionales de Roberto Rosario, quien realizó una gestión aceptable desde la Cámara Administrativa de la JCE en tanto que logró reformar y sistematizar una buena parte de las Oficialías del Estado Civil del país, su escogencia como presidente del organismo sorprendió dada su reconocida militancia política. Y es que si la escogencia del doctor Morel Cerda generó protestas y objeciones por sus simpatías políticas, el nombramiento de Rosario, militante del partido morado, también ha provocado algunas reacciones por parte de sectores de la oposición. Ojalá la postura que mantiene el presidente de la JCE sobre la actual crisis por la permanencia del director del centro de cómputos en el organismo no traiga como consecuencia un recrudecimiento del conflicto que ponga en entredicho la credibilidad del organismo y del propio proceso electoral. Si tomamos en cuenta los resultados de las encuestas de opinión que gozan de mayor crédito público, se puede vislumbrar unos comicios reñidos que requieren de mucha prudencia, capacidad, equilibro y sabiduría por parte de los árbitros electorales.  De ahí que hacemos votos por la pronta solución al impasse que ha surgido y para que desde la JCE se adopten las medidas que sean necesarias a los fines de que los partidos políticos que habrán de concurrir a las elecciones y los propios ciudadanos vayan confiados al proceso electoral y que en definitiva la democracia dominicana y la institucionalidad salgan fortalecidas cuando se produzca el veredicto que exprese la voluntad popular. En el porvenir desearíamos que la JCE siempre fuese conformada sobre la base de criterios institucionales más depurados y que se designen en ella a ciudadanos apartidistas e independientes que generen la mayor confianza en todas las fuerzas políticas. De igual manera apoyamos la idea de que se apruebe una ley de partidos políticos que regule su buen funcionamiento, sus mecanismos de financiamiento y la debida rendición de cuentas sobre el uso de sus fondos. En gran medida la calidad de nuestro sistema democrático dependerá de la calidad y la transparencia con que operen nuestros partidos políticos.

victor suarez