Entre
las diferentes partidas de gastos que incluye el presupuesto de la
nación figura el renglón de aplicaciones financieras, el cual envuelve
los montos que se estiman pagar por concepto de intereses y capital de
los recursos recibidos por préstamos.
Regularmente
años tras años este renglón es motivo de muchos análisis en relación al
total de los gastos presupuestados, ingresos tributarios y el Producto
Interno Bruto (PIB) del país.
Una
vez formulado el presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos, los
entendidos en la materia recurren de forma rauda y veloz a determinar,
¿qué
representa el monto del servicio de la deuda en relación a las
recaudaciones fiscales que recibirá el gobierno?, ya que esta partida
juega un papel muy importante con respecto al rendimiento de los
capitales adeudados.
Esto
así, porque no es lo mismo tomar dinero prestado para gastos de:
sueldos, dietas, representación, entre otros, que para gastos social,
capital o de inversiones reproductivas. De igual manera no es lo mismo
contratar préstamos a bajo costo de capital y largo plazo que tomarlos a
intereses altos y a corto plazo.
Es
frecuente que los gobiernos y entidades privadas que planifican y
controlan sus gastos de deuda, se avoquen a calcular el costo de capital
promedio ponderado de los préstamos, para comparar dicho costo frente
al rendimiento que se obtendrá al invertir dichos fondos y el retorno
social para el bienestar de los ciudadanos.
De
los RD$430 mil millones presupuestados para el año próximo, el 26% será
para pagar intereses y amortización, es decir, RD$112 mil millones que
representará la suma de los presupuestos de dos o tres ministerios
públicos del país o, el equivalente a un 4,7% del PIB nominal (RD$2,372
millones) para el 2012.
Funcionarios
del gobierno hablan de una reducción de los gastos y por ende del
déficit fiscal, pero no pasa una semana sin que se envíen nuevos
préstamos al Congreso Nacional, los cuales incrementan el gasto público.
De
manera que las autoridades gubernamentales mantienen el país como un
gran exportador de capitales netos, al pagar más intereses y
amortización que los desembolsos que recibe, debido a la falta de
contrapartida local oportuna, debilidad institucional y capacidad
administrativa en la ejecución de los planes y proyectos.
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